Alderecho

Tiros en Venezuela

En algunos lugares se dice disparos, en otros balazos. En Venezuela, se dice tiros. Hay tiros en Venezuela; los hay cada vez más. Y la violencia en ese país vuelve a resonar a nivel internacional a partir de los sucesos del 12 de febrero.

Foto: Carlos García Rawlins/Reuters

Pero el crimen y las muertes violentas en Venezuela no son novedad. La inseguridad e impunidad dentro del país no ha hecho más que aumentar desde los primeros años del gobierno de Hugo Chávez. Según fuentes oficiales, el número de homicidios por 100,000 habitantes pasó de 25 en 1999 a 51 en 2003. Y de acuerdo con las estadísticas del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), este número habría subido a 79 en el 2013.

Sin embargo, el gobierno parece intentar ocultar este incremento de muertes violentas al no publicar cifras oficiales del crimen desde el año 2004. Y éste es solo un ejemplo de las muchas acciones gubernamentales que han buscado y aún buscan controlar y/o esconder hechos/opiniones contrarios a sus intereses. Este “esconder” va acompañado de la impunidad, que se manifiesta en la ausencia de sentencias condenatorias a un número muy grande y creciente de criminales. 

El manejo de los medios de comunicación es otro instrumento para ocultar la verdad. Durante el año 2013, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, se aprobaron seis leyes que apuntaban a continuar disminuyendo la independencia de los medios de comunicación. Entre éstas se encuentra la Ley Habilitante, la cual permite “establecer mecanismos estratégicos de lucha contra aquellas potencias extranjeras que pretendan destruir la Patria en lo económico, político y mediático”, y la Ley Orgánica de Cultura, que obliga a los medios a divulgar contenidos promovidos por el Ministerio de Cultura. La ambigüedad de estas y otras leyes le da al Presidente el poder de controlar lo que los ciudadanos pueden o no ver en sus televisiones. 

De hecho, durante el aludido 12 de febrero, pocas horas después de las marchas de la oposición, se obligó a todos los canales venezolanos a transmitir un acto celebratorio del Día de la Juventud, encabezado por el Presidente Maduro, con desfile militar, concierto, y demás condimentos. Cadena nacional celebratoria pocas horas después de que dos personas, entre ellos un joven, habían muerto producto de la violencia y la represión (en la noche murió una persona más), y habían salido heridos más de sesenta. Además, ese mismo día, el gobierno prohibió la transmisión de NTN24, canal colombiano, dentro de Venezuela; la única otra opción televisiva para que los ciudadanos se enterasen de lo que ocurría. Al día siguiente, el gobierno bloqueó muchas de las imágenes y videos relativos a la manifestación colgados por usuarios venezolanos en la red social Twitter.

Esto ya no es cuestión de defender conceptos como “libertad” o “democracia”, pues incluso éstos parecen estar siendo corrompidos. Alberto Carias, representante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (“los tupamaro”) en Venezuela, le aseguró a EUTV que están dispuestos a la lucha armada si sienten que la democracia venezolana se ve amenazada. Pero, ¿cómo puede tildarse de democrático a un régimen violento y represivo? Pareciera que estos conceptos ahora se utilizan para justificar la violencia y la represión. 

Sin embargo, junto con el aumento de violencia y represión en Venezuela, aumenta la consciencia sobre la situación a nivel internacional. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al gobierno venezolano a que investigue de manera “inmediata, exhaustiva e imparcial” el uso excesivo de la fuerza durante la manifestación, a la vez que pidió enjuiciar y castigar a los responsables de los homicidios. 

Tal consciencia internacional no puede apagarse; menos aún en Latinoamérica, y en las reacciones de organizaciones como la OEA y los líderes de nuestros países. Hoy, en Venezuela, además de tiros de pistola, hay tiros de represión. Sin duda, la posición de los gobiernos vecinos ante tal situación debe ser una que defienda y fomente firmemente el estado de derecho en Venezuela.