Alderecho

La democracia en Colombia, más allá de los lugares comunes

“Era lo último que iba quedando de un pasado cuyo aniquilamiento no se consumaba, porque seguía aniquilándose indefinidamente, consumiéndose dentro de sí mismo, acabándose a cada minuto pero sin acabar de acabarse jamás”.
Gabriel García Márquez, Cien años de soledad.

Por: Sebastian Ronderos

Y sí, la democracia en Colombia sigue secuestrada, amordazada por un pequeño sector de la población que ha sometido históricamente al país por mantener sus intereses egoístas. Un régimen monopolista que ha utilizado toda clase de mecanismos legales e ilegales en la búsqueda de legitimar su dominación, manteniendo a amplios sectores de la población en la pobreza por el desarrollo de políticas neoliberales que propenden por una competencia asimétrica, sumada a un arbitrario manejo del capital por parte de los intereses propios de la bancarización y la especulación financiera nacional y extranjera.
La dominación del hombre por el hombre. Nuestra historia evidencia una persecución sistemática a los líderes más visibles que han dado su vida por un proyecto nacional, digno y soberano. Una guerra sucia que evoca históricamente desde Guadalupe Salcedo hasta Pizarro Leongómez. Un sistema de representación engañoso que se aprovecha de mecanismos corruptos y clientelistas para generar un ambiente democrático, sin duda maniqueo, que le confiere por la fuerza al ciudadano un voto hipócrita, como único mecanismo político válido y legítimo. Nos han llevado a confundir lo legítimo con lo legal.

Todo proceso electoral en Colombia sería susceptible ante el más mínimo y superficial análisis de corrupción, clientelismo y abstencionismo. Ni hablar del control que se ejerce desde los principales medios de comunicación, que reproducen ideología propia de intereses privados desde escenarios públicos. Se democratizan las deudas y se acumulan las ganancias. Se criminaliza cualquier acto de manifestación y se estigmatiza a quien proclame la defensa de los Derechos Humanos.
¿Quién les dijo a los técnicos de la política, banqueros y terratenientes que los Derechos Humanos son propios de un régimen de izquierda? De hecho, el relegarle un segundo plano a los derechos económicos es más bien propio de un paradigma liberal que de uno marxista.
Resulta irrisoria la idea de una competencia mínimamente justa entre un campesino sin recursos, sin maquinaria política, sin más que sus principios y verdades, contra un politiquero proveniente de una familia que ha labrado una maquinaria y capital político a través de generaciones por privilegios generados tras dinámicas poscoloniales. Además por el respaldo de grandes gremios económicos que dan generosas “donaciones”, las cuales verdaderamente representan inversiones que esperan generar una rentabilidad durante el periodo de ejercicio del representante al que dan su respaldo.
Empecé a escribir este texto el 2 de diciembre del año pasado, siete días antes que se conociera la noticia de la destitución e inhabilidad política al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Una noticia que indignó a muchos pero sorprendió a pocos. Paradójicamente la procuraduría eligió el día mundial contra la corrupción proclamado por las Naciones Unidas, para destituir a una de las personas que se enfrascó en una lucha por destapar  “el carrusel de la contratación”, uno de los más grandes escándalos que la capital ha vivido en las últimas décadas.
Su destitución se basó en el argumento de ineficiencia en el manejo de las basuras, al adjudicarle el servicio de aseo a entidades sin experiencia, causando la crisis de las basuras en la capital los días 18, 19 y 20 de diciembre del 2012. Contrario a lo que supone la procuraduría, las nuevas tesis de investigación adelantadas por la fiscalía, apuntan a un complot entre operadores privados, funcionarios públicos, organismos de control y empresarios, buscando producir la acumulación de basuras para llevar a cabo la destitución.
En todo caso, más que una destitución e inhabilidad jurídica, es una política, al castigar gestiones que propendan por la desprivatización de servicios públicos y pongan en riesgo intereses privados, en este caso, por la prevalencia de los intereses del distrito. Un claro llamado de atención a todos los funcionarios públicos de Colombia que defiendan la preminencia de lo público frente a lo privado, y un mensaje directo a las mesas de negociación en la Habana al eliminar garantías democráticas, frente a los derechos políticos de la izquierda.
Esta fragilidad en materia de derechos políticos no se limita al caso del alcalde mayor, es una pugna generalizada para doblegar la voluntad de ciertos sectores que luchan por una apertura plural y participativa. El movimiento político y social Marcha Patriótica está ad portas de su disolución por la completa desprotección frente a la guerra que le declaran sectores de extrema derecha. El movimiento cuenta con unas cifras espeluznantes; 28 miembros asesinados, 200 judicializados y más de la mitad amenazados. Piedad Córdoba ha manifestado la posibilidad de acabar el movimiento para prevenir mayores repercusiones que puedan llegar a asemejarse al exterminio de la Unión Patriótica, donde fueron asesinados más de 5.000 de sus militantes, entre ellos dos candidatos presidenciales, 8 congresistas, 13 diputados y 11 alcaldes.
La absoluta falta de garantías se extiende a los ámbitos laboral y social. Colombia sigue teniendo el mayor índice de sindicalistas asesinados en el mundo, y sus deshonrosas cifran nos ponen también como el país con mayor número de maestros asesinados (889 maestros en el lapso comprendido entre 1985 y 2011). Esto explica que también tengamos una de las tasas de afiliación sindical más bajas del planeta.
En el libro Sindicalismo Asesinado, León Valencia y Juan Carlos Celis ponen en evidencia las cifras donde un sindicalista en Colombia es asesinado cada 72 horas, con un total de 4.785 violaciones a los derechos humanos del movimiento sindical, y 3.000 asesinatos comprendidos entre 1984 y 2010. Ni hablar de los indígenas y campesinos reclamantes de tierras, cuyas muertes son tomadas como meras cifras marginales.
Colombia tiene un modelo político que propende por la eliminación de la diversidad, incapaz de aceptar la diferencia por defender un sistema que ensancha las brechas sociales, muchas veces por medios cuestionables. Se resiste a la modernidad al punto de criminalizar los derechos fundamentales de quienes son considerados contrarios a los intereses de quienes gobiernan. El ejercicio democrático debe basarse precisamente en la diferencia y en el principio de incertidumbre; la posibilidad de que cualquiera pueda llegar a ejercer un cargo público.
La violencia ha dañado todo lo que ha tocado, sin duda la construcción de paz debe darse a través de medios pacíficos, pero contundentes y profundos al buscar transformar estos órdenes que se resisten a la construcción y apertura de un modelo  realmente plural, participativo y deliberativo.

La política no es propia de las instituciones, y sí de la ciudadanía, por tanto, el ágora debe estar en las calles y cafeterías, y no en los congresos.