Sebastián
Calderón, estudiante de segundo semestre de esta Facultad, fue el autor de una
de las tres tutelas que frenaron la destitución del alcalde de Bogotá. Aquí, el
responsable de este importante fallo, nos cuenta su versión de la historia
El 9 de diciembre de 2013, la ciudad de Bogotá conoció una noticia que dejó
sorprendidos a la mayor parte de la ciudadanía: la destitución e inhabilidad
por quince años del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Hubo acuerdos y
discrepancias, pero en general, se escuchaba un eco de confusión ante la
decisión tomada, suscitando así, una revisión del fallo. La pregunta que quedaba
en el aire en aquel momento era: ¿Podía un funcionario público, elegido
mediante una terna –en este caso, el Procurador General de la Nación–,
destituir a otro funcionario elegido por medio del voto popular? Se escuchaban,
asimismo, comentarios como: “¿Dónde queda la democracia?” “¿No tiene validez el
voto popular?” “¿No es esta medida un abuso del procurador?”
Al día
siguiente de haber escuchado la noticia, y siendo parte de la confusión,
discutí el tema con mi padre. Le pregunté si la decisión era legítima, y si no
había algo que nosotros, los que estábamos en desacuerdo con la destitución,
pudiéramos hacer. Debatimos también los puntos a favor y en contra y fue ahí
donde surgió la idea de presentar una tutela;
idea que, en principio –debo confesar–, no creí que pudiera llegar muy
lejos. Regresé a mi casa y, recordando
los puntos clave de la discusión, decidí redactar un texto, que manifestaba mi
inconformidad con respecto a la decisión de la Procuraduría, y la manera en la
que ésta vulneraba el derecho a elegir y ser elegido. Asimismo, consideraba que
la inhabilidad por quince años era una medida exagerada, teniendo en cuenta,
entre otras cosas, que el Procurador Alejandro Ordoñez sancionaba con pocos
años de inhabilidad política a otros funcionarios que se habían visto envueltos
en escándalos públicos más grandes.
La idea
fue tomando cada vez más forma luego de haberle mostrado el documento a mi
padre, Germán Calderón España, abogado constitucionalista de la Universidad
Nacional, quien, con su amplio conocimiento en los juicios de forma de una
tutela, fue mi gran apoyo durante todo el proceso. Él era quien me aconsejaba
sobre la manera de guiar la investigación, fundamentando mis argumentos en
algunas sentencias y leyes. La mayor parte de las vacaciones me dirigí con
ánimo a su oficina para mostrarle lo que había avanzado. Me encargué también de
escuchar diferentes puntos de vista, ya que, soy fiel creyente de que las
propuestas se nutren cuando son expuestas a distintas miradas; miradas que, tal
vez, estamos ignorando. Fue así como presenté la tutela que contaba
inicialmente con tres argumentos principales, e hice dos adiciones
posteriormente.
El
magistrado César Palomino Cortés falló la tutela a mi favor el 23
de enero de 2014, noticia que recibí con gran estupor y alegría. El
magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca encontró pertinentes los
tres primeros argumentos a cerca de la
violación del derecho a elegir y ser
elegido, y los otros siete argumentos
adicionales. Fue también punto central de la tutela la violación al debido
proceso, y la extralimitación de la Procuraduría General de la Nación al llevar
a cabo la destitución del Alcalde Mayor, facultad conferida únicamente al
Presidente de la República, con notificación de un juez competente en proceso
penal. Sin embargo, el procurador Alejandro Ordoñez hizo una impugnación al Consejo de Estado para que
éste hiciera una segunda revisión de las tres tutelas falladas a favor del Alcalde.
La última decisión la tiene dicha Corte, que deberá pronunciarse en los
próximos días.
Pero más
allá de la decisión del Consejo de Estado acerca de si Petro se queda o no en
la Alcaldía, creo que esta tutela tiene una importancia mucho mayor. El valor
de esta tutela–a mi modo de ver–, radica en los debates jurídicos que se
generan a partir de este tipo de iniciativas. Los ciudadanos, de acuerdo o no
con la decisión, tuvieron la oportunidad de enterarse de las contradicciones
que se presentaban entre normas de mismo rango constitucional. Tuvieron también,
la oportunidad de saber si la facultad para destituir al Alcalde Mayor de
Bogotá era dada solamente al Presidente, o si el Procurador estaba en todo su
derecho. Fue gracias a esta iniciativa que los ciudadanos pudieron responder
muchas de las inquietudes que tuvieron al inicio del proceso.
Después
de la noticia, hubo disgustos por parte de algunas personas por la decisión
tomada con respecto a la restitución de Gustavo Petro. Creo, sin embargo, que basados
en la tolerancia de las ideas ajenas, estos debates jurídicos son importantes
en la medida en que están llevando a cabo una constante revisión de las fallas
que presenta la Constitución y en general el ordenamiento jurídico. Es esa la
importancia fundamental de la acción de tutela, que no sólo sirve para reclamar derechos, sino que abre
espacio al debate para que se discutan aspectos significativos para Colombia.
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